La impunidad de los asesinatos a Líderes Sociales es un acto histórico

Como hemos leído y escuchado vagamente en varios medios, el asesinato de los líderes sociales es sistemático en cuanto al perfil de las víctimas. En su mayoría defienden los derechos sociales, son propuestas políticas o pertenecen a organizaciones campesinas que reclaman sobre la restitución de tierras.

Es inevitable pensar que hay una única mano que paga a las disidencias de las FARC y del ELN para que cometan tales atropellos, sin embargo, el Gobierno no ha mostrado ningún adelanto en cuanto a las investigaciones de estos hechos a pesar de que, desde el 2016, cada 4 días asesinan a un líder social en promedio, es decir, desde el aumento de estos asesinatos en el año 2016, no se ha hecho absolutamente nada por esclarecer esta situación.

Radiografía de asesinatos de líderes sociales - Fuente Defensoría del Pueblo

El silencio del Gobierno Nacional se hace cómplice, junto con el de los medios de comunicación quienes actúan con una narrativa específica, de tal forma, que hacen ver a los colombianos que cada muerto vale menos que el anterior.  

Colombia es un país de 1000 muertes violentas mensuales (reconocidas) y el presidente santos sólo plantea soluciones retóricas que rayan con la fantasía. El rechazo a estos crímenes se ha vuelto más un acto demagógico y protocolario que real, pues la escala de violencia en Colombia este año va en aumento según informes internacionales.

Entes como la ONU tienen los ojos puestos sobre el país y afirman que “el recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera” que se habían prometido con la puesta en marcha del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.

Por su parte, desde la Dirección para las Américas de Amnistía Internacional se comunica: “con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”.

Esta violencia generalizada contra líderes sociales constituye una clara violación a los Derechos Humanos que se ha quedado en propuestas y discursos, actos que en el extranjero ya empiezan a generar críticas sobre las medidas deficientes de las cuales el Estado a tomado para hacer parte en esta situación.

 

 

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